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REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Primera de Revisión SENTENCIA 1-378 DE 2025 Referencia: Expediente T-10.971.183 Asunto: Acción de tutela presentada por Martina, como agente oficiosa de Francisco, contra Protección S.A. Tema: Requisitos para reclamar la pensión de sobrevivientes de niños, niñas adolescentes en ausencia de ambos padres Magistrada ponente: Natalia Ángel Cabo Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2025. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Lina Marcela Escobar Martínez у Natalia Angel Cabo -quien la preside- y por el magistrado Juan Carlos Cortés González, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular las previstas en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, así como en los artículos 32 y siguientes del Decreto Ley 2591 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA. Esta decisión se toma en el trámite de revisión de los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia por los juzgados 001 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple y 01l Civil del Circuito de Bucaramanga, respectivamente, dentro de la acción de tutela promovida por Martina, como agente oficiosa de Francisco, contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantias Protección S.A." ACLARACIÓN PREVIA • La Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro escogió el expediente de la referencia para su revisión en jurisprudencial), de acuerdo con el literal a) del artículo 51 del Reglamento de la Corte Constitucional, en sesión del 29 de abril de 2025. El expediente fue asignado por sorteo a la suscrita magistrada como sustanciadora de su trámite y decisión. El presente caso se refiere a una solicitud pensional que involucra a un adolescente. Con el fin de proteger su derecho a la intimidad, la Corte expedirá dos versiones de esta providencia, de conformidad con la Circular Interna No. 10 de 2022 de esta Corporación. La primera versión, que incluye los nombres reales de los involucrados, será notificada a las partes; la segunda, debidamente anonimizada, será publicada en la página web. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN La Corte Constitucional estudió una acción de tutela presentada por la abuela de un adolescente, quien asumió su cuidado y manutención después de que este quedara huérfano por el fallecimiento de sus dos padres en circunstancias violentas. propósito de garantizar el bienestar del adolescente, accionante solicitó al fondo privado Protección S.A. el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en su calidad de hijo del afiliado fallecido, para cubrir los gastos de vivienda, alimentación, servicios, educación y actividades extracurriculares. No obstante, la administradora se negó a estudiar de fondo la solicitud, con el argumento de que la peticionaria no aportó el registro civil de nacimiento con la nota marginal que acreditara su designación como guardadora del adolescente. La accionante solicitó el amparo de los derechos del adolescente a la seguridad social, el mínimo vital, la vida digna y la educación. Al respecto, señaló que la referida exigencia resulta desproporcionada si se tiene en cuenta que ya está acreditada la custodia provisional otorgada por el ICBF y que el Juzgado de Familia aún no había proferido sentencia dentro del proceso de designación de guarda. En el trámite de la acción de tutela, el juez de familia profirió sentencia mediante la cual reconoció a la accionante como guardadora del adolescente. Con base en dicha decisión, el fondo privado reconoció el derecho pensional reclamado. En este contexto, la Corte concluyó que se configuró una carencia actual de objeto por situación sobreviniente. No obstante, consideró necesario analizar si la documentación exigida por Protección S.A. fue desproporcionada y si, en consecuencia, Vulneró el derecho fundamental al debido proceso en el marco del trámite de la reclamación pensional, así como la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Para resolver la controversia, la Corte se refirió a la jurisprudencia constitucional sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de niños, niñas y adolescentes cuando sus padres están ausentes. En casos similares, esta Corporación ha considerado suficiente acreditar: (i) que los progenitores del niño, niña o adolescente hayan fallecido o se encuentren imposibilitados para ejercer la patria potestad; (ii) que la persona a cargo de su cuidado sea un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad; (111) que dicho familiar realice actos efectivos de cuidado; y (iV) que los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente estén en riesgo de ser vulnerados. Al analizar el caso concreto, la Corte Constitucional concluyó que Protección S.A. desconoció el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y vulneró 2 los derechos fundamentales de Francisco a la seguridad social, al mínimo vital, a una vida digna, a la educación y al debido proceso administrativo. Esto, porque exigió el registro civil de nacimiento del adolescente con la nota marginal de designación de guarda como requisito para estudiar de fondo la solicitud pensional, a pesar de que las normas no contemplan tal exigencia para efectos del reconocimiento. Además, la accionante ya contaba con una medida provisional de custodia otorgada por el ICBF en el trámite de restablecimiento de derechos de su nieto. En particular, la Corte concluyó que el fondo impuso requisitos extralegales para adelantar el reconocimiento pensional У cargas desproporcionadas para el pago de la prestación, lo cual afectó los derechos y las condiciones de vida del adolescente. Por lo anterior, la Corte declaró la carencia actual de objeto por situación sobreviniente e instó a Protección S.A. para que, en lo sucesivo, evite imponer requisitos extralegales para adelantar el reconocimiento pensional y flexibilice el requisito de presentar la sentencia de designación de guarda emitida por un juzgado de familia o el registro civil de nacimiento con la respectiva nota marginal, en atención a las circunstancias del caso concreto, para efectos del pago de la pensión de sobrevivientes de niños, niñas y adolescentes con padres ausentes. Finalmente, esta Corporación hizo un llamado a los fondos de pensiones para que apliquen el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y hagan uso de la excepción de inconstitucionalidad en los trámites de pensión de sobrevivientes de menores de edad con padres ausentes, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales. I. ANTECEDENTES 1. Martina, en calidad de agente oficiosa de su nieto Francisco, presentó acción de tutela contra Protección S.A. con el fin de obtener la protección de los derechos tundamentales del adolescente a la seguridad social, al minimo vital, a una vida digna y a la educación, ante la negativa de dicha administradora de estudiar la reclamación de la pensión de sobrevivientes presentada en nombre del adolescente, en su calidad de hijo menor de edad del causante, Alberto. 1. Hechos relevantes? 2. La señora Martina relató que es la abuela materna de Francisco, de 16 años, quien quedó bajo su cuidado tras el fallecimiento de ambos padres el 15 de mayo de 2024 en circunstancias violentas. Ante esta situación, la accionante explicó que ha asumido la responsabilidad de su cuidado y manutención, lo • Estos hechos y pretensiones se describen de acuerdo con lo señalado en el escrito de tutela presentado por la accionante y las pruebas que se anexaron. Expediente digital, archivo "001Demanda.pdf 3 De acuerdo con el escrito de tutela, la señora Martina ha asumido el pago: (i) del arriendo de la residencia en que viven —que, para noviembre de 2024, ascendía a $1.482.000-; (ii) de la matrícula del colegio privado de Francisco que, para diciembre de 2024, ascendia a $603.800-; (iii) de la mensualidad del colegio; (iv) de la matricula a la escuela de futbol a la que asiste el adolescente; y (V) de los gastos de vestido, alimentación y entre otros. Expediente digital, archivos "001Demanda.pdf', "006ContestacionTutela.pdf" y *017Impugnacion.pdf. 3 que la ha llevado a contraer deudas con el colegio del adolescente4 , así como con familiares y amigos, para garantizar el bienestar de su nieto. El 30 de mayo de 2024, la señora Martina solicitó ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —en adelante, ICBF- el inicio de un proceso de restablecimiento de derechos, con el fin de asumir la custodia y el cuidado personal de su nieto. En atención a dicha solicitud, el 13 de junio de 2024, la Defensora de Familia del Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo, Regional Santander, resolviós: (1) abrir investigación administrativa restablecimiento de derechos a favor de Francisco; (ii) adoptar, como medida provisional, su ubicación en el hogar de la abuela materna; y (iii) realizar la entrega formal del adolescente a dicho hogar. Adicionalmente, a solicitud de la abuela del joven, la Defensora de Familia radicó el 1º de agosto de 2024 la demanda de designación de guarda°, la cual fue admitida el 22 de agosto de 2024 por el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga? Por otro lado, la accionante indicó que el 2 de julio de 2024 radicó ante Protección S.A. los documentos requeridos para adelantar el trámite de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor de Francisco, en su calidad de hijo menor de edad del causante, Alberto. En respuesta, el 9 de octubre de 2024, el fondo privado le informó a la peticionaria que el trámite había sido declinado porque se debía presentar la documentación completa para reconocer dicha prestación. En particular, la administradora requirió el con la correspondiente nota marginal de designación de guarda. Al respecto, la accionante alegó que con dicha exigencia el fondo privado desconoció: (i) que el ICBF le otorgó la custodia provisional del adolescente, y (ii) que no podía aportar el documento requerido en ese momento, dado que el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga aún no había proferido sentencia dentro del proceso de designación de guarda. 2. Fundamentos de la solicitud de tutela y pretensiones Con base en los antecedentes expuestos, la señora Martina, en calidad de agente oficiosa de su nieto Francisco, interpuso el 6 de diciembre de 2024 una acción de tutela contra Protección S.A., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales del adolescente a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la educación. La accionante afirmó que la exigencia del registro civil con la nota marginal de designación de guarda dilata de manera injustificada el trámite y reconocimiento del derecho pensional, y desconoce que le fue conferida la custodia provisional del adolescente, así como la difícil situación económica y emocional que ambos enfrentan. * De acuerdo con la certificación del colegio aportada en la acción de tutela, para diciembre de 2024, la señora Martina tenia una deuda con la institución educativa de $1.021.700 5 Con fundamento en los artículos 81, 82, 86, 99 y 100 de la Ley 1098 de 2006 y el artículo 2 de la Ley 1878 de 2018. Expediente digital, archivo "001Demanda.pdf', pp. 16 a 24. • Expediente digital, archivo "002 Acta de reparto.pdf' 7 Expediente digital, archivo "001Demanda.pdf', p. 25. 4 6. En virtud de lo anterior, la actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales del adolescente, y, en consecuencia, requirió que se ordenara a Protección S.A. reconocer y pagar a su favor la pensión de sobreviviente derivada del fallecimiento de su padre. 3. Trámite de la acción de tutela 7. Mediante auto proferido el 6 de diciembre de 2024, el Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bucaramanga admitió la acción de tutela contra Protección S.A. y dispuso la vinculación del Ministerio de Igualdad y Equidad, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -Regional Santander, Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo-, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga y la Procuradora Judicial Delegada en Familia de Bucaramanga. Asimismo, la autoridad judicial decretó la práctica de pruebas® 8. La accionante suministró la información requerida por el despacho, mientras que Protección S.A., el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Procuradora Judicial Delegada en Familia de Bucaramanga, la Defensoría del Pueblo y el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga comparecieron dentro del trámite constitucional. EI ICBF guardó silencio. 4. Intervención de la parte accionante, la administradora accionada y las entidades vinculadas 9. En respuesta a la información requerida por el juez de tutela, Martina informó que: (i) es viuda y propietaria del 50% de una vivienda ubicada en la localidad de Kennedy; (ii) sus ingresos ascienden a $3.500.000 mensuales, provenientes de una mesada pensional y del salario que percibe como trabajadora; (iii) destina la totalidad de sus ingresos al pago de arriendo, servicios públicos y alimentación; (iv) convive con una hija de 28 años, quien actualmente trabaja y estudia; (V) su otra hija, Alma -madre de Francisco- cotizaba en Porvenir y era propietaria del 25% de una vivienda en la misma localidad; (vi) los demás bienes adquiridos por Alma dentro de la sociedad conyugal —una motocicleta, un carro y la cuota inicial de un proyecto de vivienda- fueron registrados a nombre de su esposo, Alberto; y (vii) en abril de 2024, el señor Alberto traspasó dichos bienes a su madre, María, con el propósito de no dejarle nada a su hijo°. Finalmente, la accionante aportó copia del recibo de arrendamiento de su lugar de residencia'° " A Protección S.A. se le requirió información sobre las personas que han presentado reclamación de pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor Alberto. Al Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga se le ordenó informar sobre el estado del proceso judicial y los datos de los familiares que han intervenido en sus datos personales - nombre, identificación, edad, estado civil, hijos, nivel de estudios, dirección de residencia, número telefónico y su núcleo familiar, con las edades y ocupación de sus integrantes; (iii) la persona que provee lo necesario para el sostenimiento del adolescente; (iv) sus ingresos y gastos mensuales, así como la fuente de obtención; (V) si es propietaria de bienes muebles sujetos a registro o de inmuebles; y (vi) si la madre del adolescente cotizaba al Sistema General de Seguridad Social y si era titular de bienes muebles sujetos a registro o de bienes "004AutoAvocaAbstiene.pdf, pp. 1 y 2. inmuebles. Expediente digital, archivo ° Expediente digital, archivo "006Contestacion Tutela.pdf', pp. 2 y 3. 10 El cual asciende a $1.482.000. 10. Por su parte, Protección S.A. manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del adolescente y que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para reclamar el reconocimiento de prestaciones económicas. De forma subsidiaria, el fondo privado solicitó que, en caso de concederse el amparo, este tenga carácter transitorio, con el fin de que sea el juez laboral quien resuelva de manera definitiva la controversia. 11. En cuanto a los hechos que sustentan la acción, la administradora señaló que Alberto se afilió al fondo de pensiones el 28 de marzo de 1998 y que el trámite pensional adelantado en nombre del adolescente se encuentra en estado de 'desistido', conforme al artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, debido a que la accionante no aportó la sentencia que la designa como curadora, ya sea de manera provisional o definitiva. En esa línea, la entidad accionada explicó que, para que una reclamación pensional se considere debidamente radicada y pueda ser evaluado el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento de la prestación, es indispensable que los interesados alleguen la totalidad de la documentación exigida, conforme a lo previsto en el artículo 7 del Decreto 510 de 2003. En cuanto a las entidades vinculadas, el Ministerio de Igualdad y Equidad solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales del adolescente y que los hechos objeto de la tutela no son de su competencia!? 13. La Procuradora 6 Judicial II de Familia de Bucaramanga13 señaló que corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada, conforme a los criterios establecidos en la Sentencia T-290 de 2020 de la Corte Constitucional. En ese sentido, la funcionaria manifestó que no se opone a la prosperidad de las pretensiones, siempre que se acredite el cumplimiento de dichos requisitos y la vulneración de los derechos fundamentales del adolescentel4 14. La Defensoría del Pueblo también solicitó su desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva. Al respecto, indicó que no es la entidad responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del adolescente y que corresponde a Protección S.A. resolver la solicitud pensional'5 15. Finalmente, en relación con el proceso de designación de guarda iniciado por Martina, en calidad de agente oficiosa del adolescente Francisco, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga informó lo siguiente: (i) el 22 de agosto de 2024 se admitió la demanda; (ii) el 23 de septiembre de la misma 11 Expediente digital, archivo "013 ContestacionTutela.pdf". 12 Expediente digital, archivo "MinIgualdad.pdf, Pp. 2 y 8 13 Procuradora 6 Judicial II para la Defensa de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres de Bucaramanga. 14 Expediente digital, archivo "012ContestacionTutela.pdf' 15 Expediente digital, archivo "007ContestacionTutela.pdf, Pp. 1 a 3. anualidad se allegaron las diligencias de notificación por aviso dirigidas a los parientes cercanos del adolescente; (iii) el 30 de septiembre se realizó la inscripción en el Registro Nacional de Emplazados; (iv) el 22 de octubre finalizó el término de fijación sin que se recibiera manifestación de persona alguna interesada en ejercer la guarda del adolescente; y (V) mediante auto del 9 de diciembre de 2024, se fijó como fecha para realizar la respectiva audiencia el 20 de enero de 202516. Además, se aportó el enlace al expediente digital correspondiente al proceso con radicado 2024-00341-00. 5. Decisión de primera instancia 16. El Juzgado 00l de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bucaramanga, mediante sentencia del 19 de diciembre de 2024, declaró la improcedencia del amparo solicitado, al considerar que la parte accionante no cumplió con el requisito de subsidiariedad ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediablel 17. En relación con el requisito de subsidiariedad, el funcionario judicial señaló que: (i) es necesaria la designación de un curador, guardador, custodio o cuidador con facultades para adelantar los trámites administrativos tendientes a obtener el reconocimiento pensional a favor de Francisco, ante la ausencia de sus padres; (ii) Martina no acreditó dicha condición, ni siquiera de manera provisional, pues la medida de protección de ubicación en medio familiar otorgada por el ICBF no equivale a una asignación formal de custodia ni le otorga facultades para administrar los bienes del adolescente; (iii) la accionante no cumplió con el deber de aportar la documentación completa y necesaria para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, ya que no allegó resolución, acta o providencia que acreditara su calidad de guardadora; y (iv) mientras se profería sentencia definitiva, la peticionaria pudo haber gestionado su designación como guardadora provisional ante el ICBF o el Juzgado de Familia. 18. Adicionalmente, el juez de primera instancia advirtió la inexistencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción, si se tiene en cuenta que: (i) el adolescente percibe actualmente una pensión de sobrevivientes reconocida de manera temporal por el fondo de pensiones en el que estaba afiliada su progenitora; y (ii) los ingresos que percibe Martina -derivados de su pensión y salario- le permiten asumir los gastos del hogar, pues no tiene otras personas a su cargo y convive con una hija mayor de 25 años que trabaja. La accionante impugnó's la decisión de primera instancia fundamento en que el juez desconoció las particularidades del caso concreto, así como lo establecido en la Sentencia T-108 de 2022 de la Corte Constitucional, la cual señala que las pensiones de sobrevivientes deben ser reconocidas a los niños, niñas y adolescentes sin exigir requisitos adicionales, desproporcionados o irrazonables. En ese sentido, la accionante explicó que: (i) los gastos mensuales de Francisco superan los $2.000.000, e incluyen el 16 Expediente digital, archivo 010ContestacionTutela. pdf, p. 1. 17 Expediente digital, archivo "015SentenciaTutela.pdf'. IS Expediente digital, archivo "017Impugnacion". pago del colegio privado, la escuela de fútbol y otros gastos de manutención — como arriendo, alimentación, vestuario-; (ii) en la actualidad, la pensión de sobreviviente constituye el único medio de subsistencia del adolescente; y (ill) no cuenta con la capacidad económica necesaria para asumir por sí sola la totalidad de los gastos de su nieto, en las condiciones en que se encontraba antes del fallecimiento de sus padres. 6. Decisión de segunda instancia 20. El Juzgado 011 Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del 10 de febrero de 2025, confirmó la decisión de primera instancia al considerar que el procedimiento de reclamación de la pensión de sobrevivientes ante el fondo de pensiones no se entiende agotado mientras no se haya aportado toda la documentación requerida para su reconocimiento!° Al respecto, el juez de segunda instancia señaló que: (i) la accionante no aporto la sentencia de curaduría definitiva o provisional exigida por Protección S.A. para reclamar el derecho pensional a favor del adolescente; (11) el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga profirió sentencia el 20 de enero de 202520 mediante la cual designó a Martina como guardadora principal de Francisco; (iii) en consecuencia, el 6 de febrero de 2025 el despacho se comunicó telefónicamente con la accionante? para informarle sobre dicha sentencia, con el fin de que adelantara el trámite pensional; y (iv) la accionante manifestó que ya había iniciado el trámite de inscripción de la sentencia de designación de guarda ante la notaría. Por tanto, el juez de segunda instancia concluyó que la accionante debía agotar el trámite administrativo para tener por satisfecho el requisito de subsidiariedad. 7. Actuaciones realizadas durante el trámite de revisión ante la Corte Constitucional 22. Mediante auto del 17 de junio de 202522, la magistrada sustanciadora ordenó la práctica de distintas pruebas con el fin de obtener elementos suficientes para proferir el fallo. En primer lugar, solicitó a la accionante información sobre su situación económica, los gastos asociados a la manutención de Francisco, si el adolescente percibe algún beneficio pensional derivado del fallecimiento de su progenitora y el estado actual del trámite de la pensión de sobrevivientes. Asimismo, requirió a Protección S.A. remitir la documentación relacionada con dicho trámite, informar si existen otras personas que hayan reclamado derechos pensionales como beneficiarios de Alberto y aportar el expediente administrativo del causante. También ordenó al Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo de la Regional Santander del ICBF informar si esa autoridad otorgó la custodia provisional del adolescente a su abuela materna, y al Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga enviar copia del expediente completo del proceso de designación de guarda iniciado por la 19 Expediente digital, archivo "06FalloSegundaInstancia.pdf en trámite la impugnación contra el fallo de tutela proferido en primera instancia. 21 Expediente digital, archivo "04ConstanciaDeLlamada (2).pdf', p. 1. "Auto_de_Pruebas_T- 17.06.2023.pdf 8 accionante. Finalmente, requirió a Seguros de Vida Alfa S.A. remitir la información correspondiente a la prestación reportada en el Registro Único de Afiliados (RUAF) a nombre del adolescente23 . Vencido el término probatorio, allegaron respuestas el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, el ICBF y Protección S.A. 23. Posteriormente, mediante auto del 1 de julio de 202524, la magistrada sustanciadora: (i) reiteró parcialmente la solicitud de pruebas, ante la falta de respuesta de la parte accionante y de Seguros de Vida Alfa S.A.; y (i1) decretó pruebas adicionales. En particular, requirió al ICBF remitir la documentación mediante la cual se otorgó la custodia provisional del joven Francisco a su abuela, Martina, o informar si la medida de ubicación en medio familiar aplicada al adolescente resulta suficiente para entender conferida dicha custodia provisional. Vencido el término probatorio, el ICBF aportó la información solicitada, mientras que Seguros de Vida Alfa S.A. y Martina guardaron silencio. 8. Respuestas a los autos de pruebas 24. Mediante escrito del 25 de junio de 2025, Protección S.A. dio respuesta23 a la solicitud de información. En particular, informó que: (i) únicamente dos personas reclamaron la pensión de sobrevivientes de Alberto: Francisco y David, ambos en calidad de hijos del causante; (ii) se negó la solicitud presentada por David debido a que, al momento del fallecimiento de su progenitor estaba próximo a cumplir 25 años y no acreditó la condición de estudiante; (iii) mediante comunicación del 24 de junio de 2025, se reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de Francisco, con fundamento en la sentencia proferida por el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga, en la que se designó como guardadora a la señora Martina; y (iv) la administradora se encontraba a la espera de que la accionante allegara los documentos necesarios para la inclusión del adolescente en la nómina de pensionados26. Posteriormente, mediante comunicación del 3 de julio de 2025, Protección S.A. informó que la señora Martina había remitido la documentación exigida, por lo que el pago de la prestación pensional se efectuará al finalizar el mes de julio? 25. A través de comunicación del 24 de junio de 2025, el ICBF aportó: (i) el auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos, con fecha del 13 de junio 2024, en el cual se impuso la medida de ubicación del adolescente en medio familiar a cargo de su abuela materna; y (11) el acta de entrega correspondiente a dicha medida. Posteriormente, a través de un escrito presentado el día 3 de julio de 2025, la entidad informó que: (i) cuando se observa una posible vulneración de los derechos del adolescente durante el proceso de restablecimiento, se decreta una medida de protección -ya sea 33 Consulta que hizo de oficio esta Corporación con los datos del documento de identidad del adolescente. "2._Auto_de_Pruebas_T- 25 Expediente digital, archivo "T-10.971.183 Martina af Alberto.pdf. 26 Certificado bancario, notificación firmada con huella y certificación de afiliación de la EPS. 27 Expediente digital, archivo "Respuesta Corte Constitucional Martina (tmg).pdf'. 9 ubicación en medio familiar o en medio institucional-; (ii) la medida de ubicación en medio familiar implica la asignación de la custodia provisional, en tanto impone al responsable una serie de obligaciones encaminadas a garantizar los derechos del adolescente y su cuidado personal; (iii) el 30 de mayo de 2024, Martina, solicitó ante el ICBF el inicio del proceso de restablecimiento de derechos para que le fuera asignada la custodia y cuidado personal de su nieto, debido al fallecimiento de sus padres el 15 de mayo de 2024; (iv) Francisco quedó en situación de tenencia irregular, razón por la cual la entidad consideró necesario asignar su custodia a su abuela materna mediante la medida de ubicación en medio familiar; y (v) en consecuencia, dicha medida es suficiente para entender que la custodia provisional del adolescente fue otorgada a la señora Martinas 26. Finalmente, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga aportó el expediente con radicado No. 68001311000320240034100, en el cual se encuentra incorporada la sentencia del 20 de enero de 2025 que designó a Martina como guardadora principal de Francisco. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 27. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos proferidos dentro del trámite de la referencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Cuestión previa: Carencia actual de objeto de la acción como consecuencia del reconocimiento pensional 28. De manera preliminar, la Corte Constitucional advierte que, durante el trámite de la acción de tutela, se presentaron dos situaciones que modificaron las condiciones iniciales del proceso. En primer lugar, el 20 de enero de 2025, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga designó a Martina como guardadora principal de Francisco?, sentencia que fue aportada por la accionante ante Protección S.A. el 11 de febrero de la misma anualidad3°. En segundo lugar, mediante comunicaciones de 24 de junio31 y 3 de julio de 202532, Protección S.A. reconoció la pensión de sobrevivientes a favor del adolescente, en cuantía del 100% de la prestación, e informó que el pago se efectuaría al finalizar el mes de julio del mismo año. 29. Estas circunstancias implican la satisfacción de las pretensiones formuladas en la acción de tutela objeto de revisión, lo cual obliga a la Corte a 28 Expediente digital, archivo "Auto pruebas del 01 de julio de 2025. Expediente T-10.971.183. OFICIO OPTC-330-2025.pdf 29 Expediente digital, archivo "01 8ActaAudiencia.pdf. 30 Al respecto, ver las pruebas aportadas por Protección S.A. en respuesta al auto de pruebas proferido por la suscrita magistrada el 17 de junio de 2025. Expediente digital, archivos "Formato reclamantes - Francisco.pdf. "Constancia de asesoria - Francisco.pdf" y "Designación guarda.pdf 31 Expediente digital, archivo "S 91073655 NOTIFICACION (RP).pdf' 32 Expediente digital, archivo "Respuesta Corte Constitucional Martina (tmg).pdf. 10 pronunciarse sobre la posible configuración de la carencia actual de objeto. Figura que se presenta cuando desaparecen las condiciones que dieron origen a la acción, lo que hace innecesaria la intervención del juez constitucional. 30. Este fenómeno se configura cuando la decisión perdería efectos prácticos, en tanto el objeto de la solicitud de amparo se ha extinguido33 por tratarse de una situación ya superada o consumada34. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha identificado tres escenarios en los que puede presentarse la carencia actual de objeto: el hecho superado, la situación sobreviniente y el daño consumado. 31. El hecho superado se concreta cuando, durante el trámite de la acción de tutela, la parte accionada satisface las pretensiones que dieron origen a la solicitud, lo cual pone fin a la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales invocados35 . La Corte ha señalado que, para que este supuesto se presente, se requiere: (i) que se haya satisfecho de manera integral el objeto de la acción de tutela y (11) que la entidad accionada haya actuado o cesado en su conducta de manera voluntaria36. 32. La situación sobreviniente se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela, el accionante pierde interés en la misma por razones distintas a la consumación del daño o a la actuación diligente de la entidad demandada37 Sin que se trate de una lista taxativa, la Corte ha identificado este fenómeno en casos como: (1) cuando el accionante asume una carga que no le correspondía con el fin de superar la vulneración de derechos38; (ii) cuando las circunstancias de la persona cambian de tal forma que ya no requiere lo solicitado en la tutela 39; • (111) cuando la vulneración cesa como consecuencia cumplimiento de una orden judicial4° o de la actuación de un tercero diferencia del hecho superado, en la situación sobreviniente la vulneración de derechos no cesa por una actuación atribuible a la entidad accionada, sino por circunstancias externas que ocurren durante el curso del proceso*. 33. Finalmente, el daño consumado se configura cuando la vulneración que se buscaba evitar mediante la acción de tutela ya se ha materializado, lo que imposibilita al juez dictar órdenes encaminadas a restablecer la situación o a prevenir el perjuicio 43. 34. Así las cosas, para establecer si, en este caso concreto, se configura una carencia actual de objeto por hecho superado o por situación sobreviniente, es necesario identificar a quién resulta atribuible la satisfacción de la pretensión. 33 Al respecto, ver sentencias T-154 de 2024, T-450 de 2023 y T-086 de 2020, entre otras. 34 Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023 y SU-522 de 2019, entre otras. 35 Al respecto, ver sentencias T-154 de 2024, T-450 de 2023 y T-715 de 2017, entre otras. 36 Al respecto, ver sentencias SU-522 de 2019, T-154 de 2024, T-484 de 2023 y T-216 de 2018, entre otras. 37 Sentencia T-412 de 2020. 33 Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, SU-522 de 2019 y SU-255 de 2013, entre otras. 39 Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, T-107 de 2022, T-455 de 2021, T-412 de 2020, T-038 de 2019, T-401 de 2018, T-379 de 2018, T-319 de 2017 y T-200 de 2013, entre otras. 40 Sentencia T-412 de 2020. 41 Al respecto, ver sentencias T-025 de 2019, T-152de 2019 y T-107 de 2022, entre otras. 42 Sentencia T-412 de 2020. 43 Al respecto, ver sentencias T-401 de 2024, T-484 de 2023, T-219 de 2023 y T-306 de 2020, entre otras. 11 Es decir, si fue el fondo privado demandado quien actuó voluntariamente para vulneración —hecho superado- o si fue la parte accionante quien asumió una carga que no le correspondía para superar dicha afectación — situación sobreviniente-. Dado que Martina asumió la carga de aportar la sentencia del Juez de Familia que la designó como guardadora para que la entidad accionada recibiera, tramitara y aprobara la solicitud de pensión de sobrevivientes a favor del adolescente, se configura una situación de carencia actual del objeto por situación sobreviniente. 35. No obstante, esta Corporación considera necesario pronunciarse de fondo sobre el asunto. Si bien la Corte ha reiterado que el juez de tutela no está obligado a emitir un pronunciamiento cuando se configura una carencia actual de objeto, sí puede hacerlo con el fin de adoptar remedios adicionales, prevenir la repetición de la vulneración, corregir decisiones de instancia, avanzar en la comprensión de un derecho fundamental o cumplir una función pedagógica en materia constitucional44 36. En ese sentido, la Corte considera relevante analizar si la dilación por parte del fondo de pensiones en el trámite de la solicitud pensional presentada por la accionante, en representación del adolescente Francisco, implicó el desconocimiento del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la vulneración de sus derechos fundamentales. Lo anterior con el objetivo de corregir las decisiones de instancia y prevenir que vulneraciones de este tipo ocurran nuevamente. 3. Problema jurídico y metodología Como se indicó previamente, la Corte Constitucional analizará si la administradora de fondos de pensiones Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales de Francisco a la seguridad social, al mínimo vital, a una vida a la educación, al negarse a estudiar la solicitud de pensión de sobrevivientes presentada por su abuela materna con ocasión del fallecimiento de su padre, Alberto. De acuerdo con los antecedentes y las pruebas obrantes en el expediente, el fondo de pensiones accionado le informó a la abuela y lo te y los po aba obrala es agente oficiosa del adolescente que el trámite pensional fue declinado debido a que no se aportó el registro civil de nacimiento del adolescente con la nota marginal de designación de guarda. 38. En este contexto, la Corte advierte que la actuación de la administradora también podría configurar una posible vulneración del derecho al debido proceso, en el marco de las garantías que deben observar los fondos de pensiones al adelantar trámites de reclamación en materia pensional, especialmente cuando está en juego la prevalencia del interés superior de los adolescentes. Aunque dicho derecho no fue invocado expresamente en el escrito de tutela, su análisis resulta procedente, en atención al principio de informalidad que rige esta acción y a la facultad del juez 44 Al respecto, ver sentencias SU-522 de 2019, T484 de 2023, T-038 de 2019 y T-401 de 2018 y T-20SA de 2018, entre otras. 12 constitucional para proferir decisiones ultra y extra petitas, cuando ello sea necesario para la protección integral de los derechos fundamentales46 39. En esta línea, corresponde a la Corte Constitucional resolver el siguiente problema jurídico: ¿ Vulneran las administradoras de fondos de pensiones los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, a la educación y al debido proceso de un adolescente en condición de vulnerabilidad por el fallecimiento de sus padres, al exigir el registro civil de nacimiento con la nota marginal de designación de guarda como requisito indispensable para estudiar de fondo la solicitud de pensión de sobrevivientes presentada por su abuela, pese a conocer que ella tiene asignada la custodia provisional de su nieto y que el proceso de designación de guarda ante el juez de familia se encuentra en curso? 40. En este escenario, la Corte debe establecer si la medida de ubicación en la vivienda de la abuela materna - adoptada por el ICBF en el marco del trámite de restablecimiento de los derechos del adolescente- equivale a una decisión de custodia provisional y si dicha medida era suficiente para que la administradora adelantara el estudio de la reclamación pensional presentada por Martina en representación del adolescente. 41. Para resolver el problema jurídico planteado, la Corte iniciará con el estudio de los requisitos de procedencia de la acción. A continuación, hará un recuento de la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la pensión de sobrevivientes de los hijos menores de edad, el debido proceso en materia pensional y la aplicación del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en este tipo de trámites. Con base en estas consideraciones, se procederá al análisis del caso concreto. 4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela 42. La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución, es un mecanismo judicial preferente y sumario destinado a la protección inmediata de los derechos fundamentales, que procede ante la inexistencia de otros mecanismos de defensa judicial idóneos y efectivos o ante la necesidad de evitar un perjuicio irremediable. 43. Como requisito fundamental para que la Corte estudie de fondo la acción de tutela presentada por Martina, como agente oficiosa de Francisco, contra Protección S.A., es necesario estudiar previamente si se cumplen los requisitos de procedencia de esta acción, que son legitimación en la causa por activa4? y 45 Sentencia T-167 de 2022 46 Ver sentencias SU-484 de 2008, SU-195 de 2012, T-115 de 2015, T-495 de 2018, SU-245 de 2021, T-167 de 2022, T-431 de 2022, T-275 de 2022, T-351 de 2023 y T-398 de 2023, entre otras. 47 De acuerdo con el articulo 86 de la Constitución Politica y los artículos 5 y 10 del Decreto 2591 de 1991, todas las personas pueden interponer, directamente o a través de un representante, acción de tutela ante los jueces para lograr la protección de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y, excepcionalmente, por particulares. 13 por pasiva48 , inmediatez9 y subsidiariedad° aportadas dentro del trámite constitucional. , en atención a las pruebas 44. En primer lugar, se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa, toda vez que la acción de tutela fue presentada por Martina en calidad de agente oficiosa y abuela de Francisco51 , cuyos derechos fundamentales podrían haberse visto vulnerados por la omisión de Protección S.A. a la hora de tramitar la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, presentada con ocasión del fallecimiento de Alberto. 45. Sobre este punto, es importante recordar que la agencia oficiosa permite a un tercero solicitar la protección de derechos ajenos cuando su titular no puede hacerlo por sí mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional desarrollada en la materia 2 . Así las cosas, para adelantar una acción en aplicación de esta figura, deben cumplirse dos requisitos: (i) demostrar, así sea de forma tácita, que la persona titular de los derechos no puede ejercer directamente la acción de tutela; y (i) que en el escrito de tutela se exprese dicha circunstancia. 46. En el caso de los menores de edad, el artículo 44 de la Constitución Política dispone que toda la sociedad tiene el deber de velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En línea con esta disposición, la Corte ha sostenido que, si bien los padres o representantes legales son quienes, en principio, deben interponer acciones de tutela en su favor, cualquier persona está facultada para hacerlo cuando se acredite la existencia de un riesgo inminente para los derechos de los niños, niñas y adolescentes o la ausencia de su representante legalss 47. En el presente asunto, la Corte considera que el titular de los derechos fundamentales reclamados no está en posibilidad de ejercer directamente la acción de tutela, ya que se trata de un adolescente que quedó huérfano de ambos padres, situación que lo ubica en una condición de alta vulnerabilidad as De conformidad con el artículo 86 constitucional y los artículos 5, 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela puede dirigirse contra cualquier autoridad pública, que con su acción u omisión amenace o vulnere los derechos fundamentales del accionante o el que esté llamado a solventar las pretensiones. Asimismo, la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público, como la salud; aquellos en ejercicio de funciones públicas; aquellos cuya conducta afecta grave y directamente el interés colectivo y, respecto de quienes el solicitante se halla en estado de subordinación o indefensión. 49 Este requisito exige que la acción se interponga de manera oportuna, dentro de un término prudente y razonable, contado desde la ocurrencia del hecho o los hechos que se invoca(n) como vulneración o amenaza al derecho fundamental. Para interposición de la tutela, se debe analizar de manera especial si las afectaciones a los derechos son continuas y actuales, asi como las circunstancias particulares de cada caso. Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencias SU-419 de 2024, SU-016 de 2021 y T-011 de 2025. so Este requisito se refiere a la inexistencia de mecanismos judiciales ordinarios que sean idóneos y eficaces para proteger los derechos en el caso particular o para evitar perjuicios irremediables. Este requisito debe estudiarse de manera más amplia en casos de sujetos de especial protección como niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y adultos mayores. Ver: artículos 86 de la Constitución Política y 6 del Decreto 2591 de 1991. Asimismo, y 2024, SU-016 de 2021, T-011 de 2025 y T-005 de 2023. 51 Para la fecha de presentación de la acción de tutela -6 de diciembre de 2024- Francisco tenía 16 años. Ver folio 16. (Expediente digital: 07ImpugnacionFalloAccionTutela2022-186.pdf) 52 Al respecto, ver las sentencias T-344 de 2023, T-262 de 2022, T-108 de 2022, SU-055 de 2015 y SU-377 de 33 Al respecto, ver sentencia T-344 de 2023, T-042 de 2023 y T-351 de 2018, entre otras. 14 económica, social y emocional promover su propia defensa. Adicionalmente, en el escrito de tutela, Martina manifestó estar actuando como agente oficiosa de su nieto. 48. En segundo lugar, se encuentra acreditado el requisito de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la acción de tutela se dirige contra Protección S.A., administradora del fondo de pensiones al cual se encontraba afiliado el progenitor del adolescente agenciado54 • Esta administradora de carácter privado presta el servicio público de seguridad social en pensiones y tiene a su cargo el reconocimiento y pago de las prestaciones pensionales derivadas del fallecimiento del afiliado. Lo anterior, conforme a lo previsto en el numeral 8 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y en los artículos 4, 10 y 13 de la Ley 100 de 1993. No obstante, no se cumple la legitimación en la causa por pasiva respecto de las demás entidades vinculadas al proceso: el Ministerio de Igualdad y Equidad, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar - Regional Santander, Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo-, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga y la Procuradora Judicial Delegada en Familia de Bucaramanga. En consecuencia, estas entidades serán desvinculadas de la presente acción. 50. Lo anterior, en la medida en que la presunta vulneración de los derechos fundamentales del adolescente no tiene origen en las funciones que el ordenamiento jurídico le asigna a las entidades mencionadas, sino en la conducta del fondo de pensiones, Protección S.A., que se negó a estudiar la solicitud de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del adolescente. En efecto, dichas entidades no tienen a su cargo la administración de los derechos pensionales causados por el fallecimiento de Alberto, ni cuentan con competencia para estudiar las reclamaciones pensionales que presenten los afiliados o beneficiarios del sistema general en pensiones. 51. En tercer lugar, el requisito de inmediatez también se encuentra acreditado. De acuerdo con los antecedentes del caso, Protección S.A. le informó a la accionante el 9 de octubre de 2024 que el trámite pensional había sido declinado por no haberse aportado la documentación completa, y la acción de tutela fue radicada el 6 de diciembre del mismo año. Es decir, transcurrieron menos de dos meses entre la respuesta de la entidad y la interposición de la acción, lo cual evidencia una actuación diligente por parte de la accionante. En todo caso, la Corte ha reiterado que, cuando se trata de derechos pensionales, "la afectación de los derechos fundamentales permanece en el tiempo y, por tanto, la situación desfavorable en que se encuentra el accionante es continua y actual"55 52. Por último, la acción de tutela satisface el requisito de subsidiariedad. Aunque la parte accionante contaba, en principio, con la demanda ordinaria laboral para obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor 54 Tal como consta en el formulario de afiliación de Alberto a la AFP Davivir -hoy Protección S.A.- del 28 de marzo de 1998. Ver expediente digital, archivo "Formulario de afiliación.pdf'. 55 Sentencia T-484 de 2012. 15 del adolescentes , lo cierto es que ese mecanismo de defensa judicial no es eficaz en este caso por las siguientes razones. En primer lugar, la Corte ha precisado que el análisis del requisito de subsidiariedad debe ser más flexible cuando la falta de reconocimiento de una pensión compromete los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional, como los niños, niñas y adolescentes. En el caso bajo estudio, están involucrados los derechos de un adolescente que quedó huérfano de ambos padres en circunstancias particularmente dolorosas, lo cual lo ubica en una situación de alta vulnerabilidad económica, social y emocional. 54. La Corte ha considerado acreditado el cumplimiento del requisito de subsidiariedad en casos de niños, niñas y adolescentes con padres ausentes58 al estimar que resulta desproporcionado imponerles la carga de acudir a la jurisdicción ordinaria para obtener el reconocimiento de sus derechos pensionales. En este tipo de situaciones, la jurisprudencia constitucional59 ha establecido que el requisito de subsidiariedad se considera superado cuando concurren los siguientes elementos: (1) se trata de un sujeto de especial protección constitucional; (ii) la falta del reconocimiento del derecho genera una afectación sustancial a los derechos fundamentales, en particular al mínimo vital; (iii) el interesado haya desplegado alguna actuación administrativa o judicial para la protección de sus derechos; (iv) el medio judicial ordinario resulte ineficaz para brindar un amparo inmediato; y (v) exista certeza sobre el cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión reclamada®°. 55. tiene en cuenta que: Estos elementos se encuentran acreditados en el caso bajo estudio, si se (1) Francisco es un sujeto de especial protección constitucional, debido a su edad -16 años- y a la difícil situación socioeconómica y emocional que enfrenta tras el fallecimiento de sus padres; (ii) la falta de pago de la pensión de sobrevivientes vulnera sus derechos fundamentales, ya que depende económica y emocionalmente de su abuela materna, quien, según lo probado en el trámite de la acción de tutela, se ha visto obligada a endeudarse con el colegio, familiares y amigos para cubrir los gastos del adolescente y garantizarle las condiciones de vida en las que se encontraba antes de este suceso; (111) la abuela del adolescente actuó con diligencia, al gestionar ante el ICBF el proceso de restablecimiento de derechos y la custodia provisional 62, promover la demanda de guarda ante el juez de 36 Sentencia T-340 de 2022. 57 Al respecto, ver sentencias T-340 de 2022, T-452 de 2021, T-064 de 2020, T-213 de 2019, T-273 de 2018. T-370 de 2017 y T-556 de 2016, entre otras. sS Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, T-344 de 2023, T-262 de 2022 y T-108 de 2022, entre otras. 59 Sentencia T-108 de 2022. 60 Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023 y T-108 de 2022, entre otras. 61 Expediente digital, archivo "001Demanda.pdf', p. 5. 62 Expediente digital, archivo "001Demanda.pdf', p. 16. 16 familia®3 y radicar ante el fondo de pensiones los documentos requeridos para el reconocimiento de la prestación 4; (IV) los mecanismos judiciales ordinarios carecen de eficacia, pues imponen una carga desproporcionada al adolescentes, cuya situación exige una respuesta urgente, dado que la pensión constituye su principal fuente de sustento y tiene un límite temporal®, y (V) no existe duda de que el adolescente cumple los requisitos legales para ser beneficiario de la pensión, como lo reconoció Protección S.A. a través de la comunicación del 24 de junio de 2025, mediante la cual le fue reconocida la prestación en un 100%°7. 56. Si bien el juez de instancia señaló que el adolescente cuenta con una pensión de sobrevivientes reconocida de manera temporal por el fondo de pensiones al que estaba afiliada su madre68 , esta circunstancia no es suficiente para descartar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. Por un lado, la administradora de pensiones accionada no aportó evidencia que permita concluir que dicho ingreso garantiza de manera efectiva el goce de derechos como el mínimo vital, la vida digna y la educación del adolescente. Además, al analizar el derecho al mínimo vital en relación con la pensión de sobrevivientes, la Corte ha sostenido®° que la vulneración de este derecho no se refiere exclusivamente a la falta de un ingreso económico o a la percepción de un salario mínimo, sino a la imposibilidad de conservar las condiciones de vida que el beneficiario tenía antes del fallecimiento de quien asumía su sostenimiento. Precisamente, la pensión de sobrevivientes busca evitar que la muerte del ser querido implique también una pérdida sustancial en la calidad de vida de los familiares y, en consecuencia, una afectación a su mínimo vital. 57. En el presente caso, la agente oficiosa manifestó no contar con los recursos necesarios para asumir los gastos del adolescente, quien, además, se encuentra matriculado en un colegio privado y participa en una escuela de futbol. Bajo estas circunstancias, la situación del adolescente reviste especial gravedad, ya que, además de enfrentar el duelo por la pérdida de ambos progenitores en circunstancias violentas, queda sometido a cambios abruptos en sus condiciones de vida, lo cual pone en riesgo la continuidad de su proceso educativo y puede afectar su estabilidad emocional. Esto sin contar con que la Corte ha establecido que se vulnera la dignidad humana cuando se obliga a una 63 Expediente digital, archivo "00SDemanda.pdf" 64 Expediente digital, archivo "001Demanda.pdf' y "013ContestacionTutela.pdf p. 6. 65 Al respecto, ver sentencias T-285 de 2023, T-343 de 2023 y T-108 de 2022, entre otras. 66 De acuerdo con los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, el accionante solo tendrá acceso a la pensión de sobrevivientes hasta que llegue a la mayoria de edad o hasta los veinticinco años, siempre que demuestre la calidad de estudiante. 67 Expediente digital, archivo "S 91073655 NOTIFICACION (RP).pdf 6S El 13 de junio de 2024, la magistrada sustanciadora realizó la consulta del adolescente en la base de datos del Registro Unico de Afiliados -RUAF-, base de datos en la cual se constató que el adolescente es beneficiario de una pensión de sobrevivencia temporal por riesgo común, reconocida por Seguros de Vida Alfa S.A., a través 136448 del 10 de octubre de 2024. Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, T-108 de 2022, T-262 de 2022, T-273 de 2018, T-370 de 2017. T-456 de 2016, T-113 de 2016, T-199 de 2016 y T-776 de 2008, entre otras. 17 persona a vivir de la caridad ajena, si existe la posibilidad de que tenga acceso a unos recursos económicos propios? 58. En todo caso, como se señaló al plantear el problema jurídico?, en el presente asunto también está involucrada una posible vulneración del derecho al debido proceso del adolescente, en el marco de las garantías que deben observar los fondos de pensiones al adelantar trámites de reclamación en materia pensional, especialmente cuando está en juego la prevalencia del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Esto, dado que la controversia gira en torno a los documentos exigidos por el fondo de pensiones para darle trámite a la solicitud pensional, y a si tales exigencias fueron desproporcionadas a la luz del interés superior de los niños, ninas y adolescentes. En estas circunstancias, la Corte ha considerado que se supera el requisito de subsidiariedad cuando se alega una posible afectación al debido proceso por la exigencia de requisitos no previstos en la ley para adelantar el reconocimiento pensional o por la imposición de cargas desproporcionadas para el pago de la prestación?2 59. Así las cosas, la Corte encuentra que en este caso se satisfacen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, lo cual habilita un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional, que se desarrollará en los siguientes apartados. 5. Reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de hijos menores de edad en condición de orfandad: garantía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y del debido proceso administrativo. Reiteración de jurisprudencia73 60. La pensión de sobrevivientes es una prestación económica destinada a brindar apoyo económico a la familia que dependía del ingreso mensual de una persona afiliada al Sistema de Seguridad Social en Pensiones que ha fallecido 4. Su principal objetivo es evitar que la muerte del ser querido impique una afectación al minimo vital del núcleo famıliar y un deterioro de sus condiciones de vida75 Los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, establecen los requisitos que deben acreditarse para causar la pensión de sobrevivientes y para demostrar la calidad de beneficiario del causante. Según estas normas, cuando fallece un afiliado, debe demostrarse un mínimo de 50 semanas de cotización dentro de los tres 70 Sentencia T-199 de 2016. 71 Al respecto, ver el fundamento jurídico 37 de esta providencia. 72Sentencia T-569 de 2023. 73 Este acápite reitera lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias T-295 de 2025, T-484 de 2023, T-344 de 2023, T-262 de 2022 y T-108 de 2022. 74 Según el articulo 46 de la Ley 100 de 1993, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos afios inmediatamente anteriores al fallecimiento. Al respecto, ver sentencias T-285 de 2023, T-340 de 2022, T-273 de 2018, T-370 de 2017, T-456 de 2016, T-113 de 2016, T-199 de 2016 y T-776 de 2008, entre otras. 18 años anteriores a la fecha de su muerte, a fin de que se cause la pensión de sobrevivencia y sus beneficiarios puedan acceder a este derecho. Son beneficiarios de esta prestación: (i) el cónyuge o compañero(a) permanente; (11) los hijos menores de 18 años, y hasta los 25 años si se acredita la condición de estudiante; (iii) los hijos con una pérdida de capacidad laboral superior al 50%, sin importar la edad; (iv) a falta de cónyuge o compañero(a) permanente y de hijos con derecho, podrán ser beneficiarios los padres o los hermanos del causante con pérdida de capacidad laboral, si dependían económicamente del afiliado. 63. Ahora bien, en lo que respecta al trámite administrativo para reclamar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de hijos menores de edad del causante, es preciso tener en cuenta que las administradoras y fondos de pensiones disponen de un plazo máximo de dos meses, contados a partir de la radicación de la solicitud con la documentación completa, para resolver sobre el reconocimiento del derecho pensional, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 717 de 2001. Además, para que haya lugar al reconocimiento de la pensión en estos casos, es necesario: (i) que el afiliado haya fallecido y que, dentro de los tres años anteriores a su muerte haya cotizado como mínimo 50 semanas; y (ii) que el solicitante acredite la calidad de hijo menor de 18 años del causante mediante el registro civil de nacimiento?, según lo establece el literal c) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 13 del Decreto 1889 de 199477 64. Sobre la materia, la jurisprudencia constitucional ha destacado que las administradoras de pensiones no pueden exigir más requisitos de los previstos en la ley para otorgar el reconocimiento pensional, dado que la seguridad social no solo constituye un servicio público, sino también un derecho fundamental de carácter irrenunciable e imprescriptible? Sin embargo, respecto de la inclusión en nómina y al pago efectivo de la prestación, las administradoras sí pueden solicitar documentos adicionales, especialmente cuando el beneficiario reclama la mesada pensional a través de un representante, como ocurre en el caso de los niños, niñas y adolescentes que no pueden disponer libremente de la administración de sus bienes?9 De allí que, como lo ha señalado la Corte con base en las normas que regulan la materia SO , para la inclusión en nómina y el pago efectivo de la pensión de sobrevivientes en el caso de hijos menores de edad se requiera, además, que la solicitud sea presentada por el padre, la madre o el guardador legal del beneficiario. Por esta razón, cuando ambos progenitores han fallecido, 76 Sentencia T-108 de 2022. 77 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 100 de 1993. 78 Al respecto, ver sentencias T-108 de 2022 y I-344 de 2023, entre otras Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, T-344 de 2023, T-262 de 2022, T-108 de 2022, T-708 de 2017, Al respecto, el artículo 2 de la Ley 700 de 2001 modificado por el artículo 1 de la Ley 952 de 2005, señala que las mesadas pensionales podrán ser reclamadas por el titular o por un tercero con autorización especial para ello. El articulo 300 del Código Civil señala que cuando los padres no administren los bienes del hijo menor de edad, se le asignará a este un curador para esta administración. El articulo 91 de la Ley 1306 de 2009 dispone que los guardadores deberán administrar los bienes a su cargo con la diligencia del buen padre de familia, para procurar el mayor bienestar del pupilo. 19 los fondos de pensiones exigen que se acredite la calidad de curador o guardador antes de efectuar el desembolso de la mesada pensional81 66. Si bien la figura de la guarda tiene como finalidad proteger los intereses de los niños, niñas y adolescentes,los requisitos exigidos por las administradoras de pensiones no pueden convertirse en una carga excesiva e irrazonable que dificulte el acceso efectivo a su derecho a la seguridad social82 Por ello, la Corte ha insistido en la importancia de aplicar el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes durante los trámites de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes. 67. En este contexto, se debe recordar que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes es un mandato que obliga a las autoridades legislativas, judiciales y administrativas a adoptar decisiones orientadas a garantizar la protección prevalente de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 83 . Este principio impone al Estado el deber de garantizar la primacía de dichos derechos y se encuentra consagrado en los artículos 13 y 44 de la Constitución Política, en la Ley 1098 de 2006, los artículos 3.1, 3.2 y 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño de 198984 , en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 196985 y en el artículo 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos$6 68. De acuerdo con el ordenamiento jurídico, las autoridades deben adelantar todas las actuaciones necesarias para garantızar la efectividad del derecho de los niños, niñas y adolescentes a la seguridad social, que a su vez se encuentra estrechamente vinculado con los derechos a la vida digna y al mínimo vita187 • Por ello, la Corte ha considerado que se desconoce el debido procesos y el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes®9 cuando el reconocimiento o el pago de la pensión de sobrevivientes se condiciona al cumplimiento de requisitos meramente formales que, según las circunstancias particulares, pueden resultar desproporcionados y obstaculizar el goce efectivo de sus derechos fundamentales. 69. En consecuencia, esta Corporación ha precisado que, frente a la posible desproporcionalidad de ciertos requisitos formales, la aplicación del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes en los trámites pensionales impone a las entidades la obligación de flexibilizar las exigencias documentales para el pago de la pensión de sobrevivientes de hijos menores de edad. Para tal efecto, deben considerarse las circunstancias particulares de cada caso, las necesidades específicas del joven y las condiciones de urgencia, especialmente cuando se trata de niños, niñas y adolescentes huérfanos de Al respecto, ver sentencias T-344 de 2023 y T-262 de 2022, entre otras. Al respecto, ver sentencia T-344 de 2023, T-484 de 2023, entre otras. 33 Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, T-344 de 2023, T-262 de 2022 y T-108 de 2022, entre otras. 84 Ratificada mediante la Ley 12 de 1991. Ratificada mediante la Ley 16 de 1972 Ratificado a través de la Ley 74 de 1968. Al respecto, ver sentencias T-344 de 2023 y T-108 de 2022, entre otras. Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, T-108 de 2022, T-791A de 2012, entre otras. 39 Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, T-344 de 2023, T-108 de 2022 y T-262 de 2022, entre otras. 20 padre y madre°° , quienes constituyen una de las poblaciones más vulnerables y con mayor necesidad de protección por parte del Estado y de la sociedad°1 70. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido que, si bien ante la ausencia de los padres, en principio debe acreditarse la calidad de guardador, las administradoras de fondos de pensiones están facultadas para aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando adviertan una clara contradicción entre los requisitos exigidos para demostrar dicha condición y mandatos constitucionales, como el interés superior de los niños, niñas y adolescentes°3 71. De allí que, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, no resulte necesario aportar la sentencia de designación de guarda emitida por un juzgado de familia ni el registro civil de nacimiento con la respectiva nota marginal para acceder al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes 4 este contexto, será suficiente con que se acredite que: (i) los progenitores del niño, niña o adolescente han fallecido o se encuentran imposibilitados para ejercer la potestad parental; (11) la persona que tiene a su cargo el cuidado del niño, niña o adolescente es un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad; (iii) que dicho familiar realiza actos concretos de cuidado respecto del joven"s; y (iv) que los derechos fundamentales del niño, niña o adolescente se encuentran en riesgo de ser vulnerados 6 72. Cabe resaltar que esta regla no exime a la persona a cargo del niño, niña o adolescente de la obligación de iniciar un proceso ante la jurisdicción ordinaria, dentro de los cuatro meses siguientes, con el fin de obtener el reconocimiento formal como guardador o curador97 73. En suma, en múltiples casos la Corte°s ha instado a las administradoras de pensiones a abstenerse de exigir de manera rígida la designación formal de guardador como condición para autorizar el pago de las mesadas pensionales. Ello, en la medida en que el acceso efectivo de los niños, niñas y adolescentes a la pensión de sobrevivientes exige una interpretación flexible de los requisitos, especialmente cuando su aplicación estricta pone en riesgo la garantía de sus derechos fundamentales. 6. Análisis del caso concreto 90 Sentencia T-344 de 2023. 91 Sentencia T-344 de 2023. 92 La excepción de inconstitucionalidad impone a las autoridades judiciales, administrativas e incluso a los particulares el deber de inaplicar una norma cuando sus efectos, en el caso concreto, contrarian abiertamente los mandatos constitucionales. Cabe resaltar que los efectos de la aplicación de esta figura son inter preses de disposición exceptuada por pueden consultarse, entre otras, las sentencias C-122 de 2011, T-255 de 2021, T-484 de 2023 y T-295 de 2025. Sentencia T-484 de 2023. 94 Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023 y T-262 de 2022, entre otras. 95 Esto podrá demostrarse a través "cualquier [...] documento expedido por las Defensorías de Familia y/o Comisarías de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar". Al respecto, ver sentencia T-484 de 96 Sentencia T-484 de 2023. 97 Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023 y T-344 de 2023, entre otras 9s Al respecto, ver sentencias T-484 de 2023, T-344 de 2023, T-262 de 2022 y T-108 de 2022, entre otras. 21 De acuerdo con lo señalado en líneas anteriores, en el presente asunto la Corte comprobó la configuración de la carencia actual de objeto por situación sobreviniente, toda vez que la administradora de pensiones reconoció la pensión de sobrevivientes a favor de Francisco, en calidad de hijo menor de edad del causante. Ello ocurrió tras el pronunciamiento del juez de familia, quien mediante sentencia judicial designó a su abuela materna, Martina, como guardadora del adolescente. 75. No obstante, y en atención al rol que cumple esta Corporación en la protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, en el presente apartado se analizará la actuación desplegada por Protección S.A. Para ello, se retomarán las reglas normativas y jurisprudenciales expuestas en las consideraciones de esta providencia, con el fin de determinar si la administradora de pensiones impuso barreras administrativas para reconocer de forma oportuna la pensión de sobrevivientes a un adolescente, tras el fallecimiento de ambos progenitores. En particular, se cuestiona la exigencia del registro civil de nacimiento con nota marginal de designación de guarda como requisito para estudiar la solicitud pensional, lo cual plantea un posible desconocimiento del derecho al debido proceso, del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y de sus derechos fundamentales en el caso concreto. En primer lugar, los fondos de pensiones no pueden exigir requisitos extralegales para el reconocimiento de la pensión. En este caso, Protección S.A. vulneró los derechos fundamentales del agenciado al exigir el registro civil de nacimiento del adolescente con la nota marginal de designación de guarda como condición para estudiar de fondo la solicitud pensional. Pues, para dicho reconocimiento bastaba acreditar: (i) la calidad de hijo a través del registro civil de nacimiento y (ii) que el padre hubiera cotizado al menos 50 semanas dentro de los tres años anteriores a su fallecimiento. Estos requisitos fueron acreditados por la peticionaria desde un principio. En segundo lugar, en virtud del principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, los fondos de pensiones tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la efectividad de sus derechos°. En este sentido, la Corte ha advertido que, si bien puede exigirse cierta documentación para el pago de la pensión de sobrevivientes a favor de los hijos menores de edad del causante, dicha exigencia puede tornarse desproporcionada o irrazonable en casos de ausencia de ambos padres, lo que a su vez puede vulnerar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida dignaloo 78. En efecto, exigir el registro civil de nacimiento del adolescente con la nota marginal de designación de guarda como requisito para el pago de la pensión de sobrevivientes, cuando ya se han aportado otras pruebas que acreditan una designación provisional de guarda o custodia mientras se surte trámite definitivo ante el juez de familia, constituye una carga 99 Sentencia T-484 de 2023. 100 Sentencia T-108 de 2022. 22 desproporcionada para los niños, niñas y adolescentes en situaciones similares a la analizada101 • Esta exigencia resulta particularmente grave si se tiene en cuenta que el agenciado enfrenta una condición de vulnerabilidad crítica, derivada de la pérdida de sus padres en circunstancias violentas. De hecho, según la jurisprudencia constitucional, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en el caso de niños, niñas y adolescentes con padres ausentes, basta con que se demuestre: (1) que los progenitores han fallecido o se encuentran imposibilitados para ejercer la potestad parental; (11) que la persona a cargo de su cuidado es un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad; (iii) que dicho familiar realiza actos efectivos de cuidado sobre el joven; y (iv) que los derechos fundamentales del niño, nıña o adolescente se encuentran en riesgo de ser vulnerados102 Los anteriores requisitos se cumplen en el caso concreto, por las siguientes razones: (i) el 15 de mayo de 2024 Francisco quedó huérfano de madre —Alma- y padre -Alberto-; (11) a raíz de estos hechos, el adolescente quedó bajo el cuidado de su abuela materna, Martina; (111) la señora Martina ha ejercido dicho cuidado desde el fallecimiento de los padres del adolescente, como lo demuestran los hechos probados en la acción de tutela y el acta de ubicación en medio familiar expedida por el ICBF; y (iv) la falta de pago de la pensión de sobrevivientes pone en riesgo los derechos fundamentales del joven, cuya afectación podría incidir negativamente en su proceso de duelo y en su desarrollo integral durante la adolescencia. 81. En relación con este último requisito, se debe resaltar que el adolescente depende económicamente de la pensión de sobrevivientes para cubrir sus necesidades básicas, tras el fallecimiento de ambos progenitores. Al tratarse de un adolescente, esta prestación constituye su principal fuente de ingreso, por lo que cualquier obstáculo en su reconocimiento y pago no sólo afecta su derecho a la seguridad social, sino que repercute directamente en sus derechos al mínimo vital y a una vida digna. Situación que, a su vez, impacta el derecho a la educación y la continuidad del proceso formativo del adolescente, pues, según lo probado en el trámite de la acción de tutela, su abuela materna ha tenido que endeudarse para pagar el colegio en el que se encuentra matriculado. 82. En este contexto, es importante resaltar que esta Corporación ha ordenado el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de niños, niñas y adolescentes en aquellos casos en los que se haya aportado "el acta expedida por la Defensoría de Familia y/o las Comisarías de Familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la que conste que la custodia provisional de las niñas y los niños se le ha otorgado a su familiar"103 101 Sentencia T-262 de 2022. 102 Sentencia T-484 de 2023. 103 Sentencia T-484 de 2023. 23 83. Por lo anterior, no le asiste razón a Protección S.A. 104 ni a los jueces de primera'05 y segunda instancialo dentro del trámite de la acción de tutela, al afirmar que la agente oficiosa no acreditó la asignación de custodia provisional. Por el contrario, en el marco del proceso de restablecimiento de derechos adelantado por el ICBF, la Defensora de Familia del Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo, Regional Santander, adoptó como medida provisional la ubicación de Francisco en el hogar de su abuela materna1o7. En esa línea, la agente oficiosa aportó la documentación correspondiente al auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos ante el ICBF del 13 de junio 2024, mediante el cual se impuso dicha medida, así como el acta de entrega del adolescente, con el fin de acreditar su legitimación para reclamar el derecho pensional en representación del adolescente. 84. Sobre la materia, el ICBF explicó dentro del trámite de revisión que la medida de ubicación en medio familiar implica la asignación de la custodia provisional del adolescente, ya que obliga al responsable a cumplir con una serie de obligaciones orientadas a garantizar los derechos del adolescente y su cuidado personallos. En conclusión, la medida de ubicación en medio familiar adoptada por el ICBF, en el marco del proceso de restablecimiento de derechos del adolescente, constituye una forma válida de custodia provisional que señora Martina para actuar en representación de su nieto Francisco ante el fondo de pensiones. 85. En consecuencia, la Corte concluye que la exigencia de Protección S.A. de presentar el registro civil de nacimiento con la nota marginal de designación de guarda como requisito indispensable para adelantar el trámite de reconocimiento y pago de la pensión implicó la imposición de condiciones no previstas en la ley para estudiar de fondo la reclamación pensional y constituyó una carga desproporcionada, contraria a los mandatos constitucionales, para efectos del pago de esta prestación. Esta actuación desconoció el interés superior del adolescente y vulneró los derechos fundamentales de Francisco a la seguridad social, al mínimo vital, a una vida digna, a la educación y al debido proceso, al imponer una carga administrativa excesiva para acceder a una prestación esencial para su bienestar y desarrollo. Asimismo, la imposición de este tipo de requisitos afecta el derecho al debido proceso en el marco de los administrativos para el reconocimiento de prestaciones pensionales, en la medida en que impone cargas que, en aras de proteger el bienestar de la niñez, deben ser flexibilizadas en atención a las circunstancias particulares de cada caso. 86. Por todo lo dicho, la Corte Constitucional revocará la sentencia proferida por el Juzgado 011 Civil del Circuito de Bucaramanga el 10 de febrero de 2025, que confirmó la decisión proferida por el Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple Bucaramanga, en cuanto declaró la improcedencia del 104 Expediente digital, archivo "01 ContestacionTutela. pdf', p. 1. 105 Expediente digital, archivo "01 5SentenciaTutela.pdf' 106 Expediente digital, archivo "06FalloSegundainstancia.pdf', p. 3. 107 Expediente digital, archivo "001Demanda.pdf, p. 21. 108 Expediente digital, archivo "Auto pruebas del 01 de julio de 2025. Expediente T-10.971.183.| OPTC-330-2025.pdf'. 24 amparo constitucional. En su lugar, declarará la carencia actual del objeto de la acción por situación sobreviniente. Adicionalmente, esta Corporación prevendra a Protección s.A. para que, en lo sucesivo, flexibilice el requisito de presentar la sentencia de designación de guarda emitida por un juez de familia o el registro civil de nacimiento con la respectiva nota marginal, en atención a las circunstancias particulares de cada caso, en los trámites de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de niños, niñas y adolescentes con padres ausentes. Finalmente, de la misma forma en que hizo en la Sentencia T-484 de 2023, esta Corporación hará un llamado a los fondos de pensiones para que apliquen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y hagan uso de la excepción de inconstitucionalidad en los trámites de pensión de sobrevivientes de esta población, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de sus derechos fundamentales. Al respecto, es importante resaltar que, a través de la Sentencia T-108 de 2022, esta Corporación impuso a Protección S.A. una medida de no repetición, tras concluir que la entidad vulneró los derechos fundamentales de una niña al negarse a incluirla en nómina por no haberse aportado la providencia judicial que le designaba un curador permanente. Sin embargo, en el caso que ahora se examina, Protección S.A. incurrió nuevamente en conductas de la misma naturaleza. Por ello, la Corte considera necesario solicitar al Ministerio del Trabajo109 y a Defensoría del Pueblo11° que realicen seguimiento al referido fondo, con el fin de garantizar la satisfacción de las órdenes previamente adoptadas y que serán reiteradas en esta oportunidad. II. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2025 por el Juzgado 01l Civil del Circuito de Bucaramanga que confirmó la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2024 por el Juzgado 001 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bucaramanga, en la cual se declaró improcedente el amparo constitucional. En su lugar, DECLARAR LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO por situación sobreviniente. SEGUNDO. INSTAR (i) a Protección S.A. para que, en lo sucesivo, evite imponer requisitos extralegales para adelantar el reconocimiento pensional y flexibilice el requisito de la presentación de la sentencia de designación de guarda emitida por un juzgado de familia o el registro civil de nacimiento con la respectiva nota marginal, en atención a las circunstancias particulares de cada 109 De acuerdo con los numerales 14 y 23 del articulo 2 del Decreto 4108 de 2011. 11º De acuerdo con los artículos 282 y 284 de la Constitución Política y los artículos 1, 2 y 5.3 del Decreto 025 de 2014. 25 caso, para efectos del pago de la pensión de sobrevivientes de niños, niñas y adolescentes con padres ausentes; y (ii) a los fondos de pensiones para que apliquen el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y hagan uso de la excepción inconstitucionalidad de pensión sobrevivientes, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de los menores de edad con padres ausentes. Lo anterior, en los términos dispuestos en esta providencia. TERCERO. SOLICITAR al Ministerio del Trabajo y a la Defensoría del Pueblo que, en ejercicio de sus funciones, vigilen el pleno cumplimiento del presente fallo, con el fin de garantizar de manera efectiva la satisfacción de las órdenes adoptadas. Lo anterior, sin perjuicio de las competencias asignadas al juez de primera instancia dispuestas en los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991. La Secretaría General de la Corte Constitucional les remitirá a las referidas entidades copia de esta providencia sin anonimizar, para lo de su competencia. Cabe resaltar que, con el fin de proteger al adolescente y a las demás personas cuyo derecho fundamental a la intimidad pudiera afectado, estas entidades deberán GUARDAR ESTRICTA RESERVA de los datos del proceso en cualquier actuación pública. CUARTO. Por las razones expuestas en esta providencia, DESVINCULAR del presente trámite constitucional al Ministerio de Igualdad y Equidad, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Santander, Centro Zonal Carlos Lleras Restrepo-, el Juzgado 003 de Familia de Bucaramanga y la Procuradora Judicial Delegada en Familia de Bucaramanga. QUINTO. LIBRAR las comunicaciones —por la Secretaría General de la Corte Constitucional-, así como DISPONER las notificaciones a las partes —a través del juez de tutela de instancia-, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese у cúmplase, NATALIA ÁNGEL CABO Magistrada LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ Magistrada JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ Magistrado 26 ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ Secretaria General 27